17. noviembre, 2013
Martin Esparza Opinión
En 1933, los consumidores de electricidad de todo el país se organizaron para presionar al gobierno del entonces presidente Abelardo L Rodríguez para que adoptara medidas drásticas en contra de los abusivos cobros de las empresas Mexican Light and Power y la American Foreign Power, que en aquellos años habían generado un auténtico conflicto social como resultado de su desmedida ambición y la falta de mecanismos oficiales para regular las tarifas en la prestación del servicio.
Orillado por la abrumadora realidad, al mandatario no le quedó otra salida que enviar al Congreso de la Unión, el 2 de diciembre de aquel año, una iniciativa de ley tendiente a la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que se concretaría el 14 de agosto de 1937, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas.
Era urgente, en aquellos años, que el Estado mexicano no sólo metiera en cintura al monopolio de las firmas extranjeras que controlaban a la incipiente industria eléctrica en el país, sino además, adoptara un papel de primer orden en el sector para asumir, tal y como lo establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, su responsabilidad para generar, distribuir y comercializar la electricidad; en una palabra: convertirla en motor del desarrollo económico y social del país.
Desde aquellos años quedó bien claro que los intereses de las firmas extranjeras eran totalmente ajenos al interés nacional, por ello la importancia de que la CFE naciera con los bien definidos objetivos sociales de una empresa pública.
Hoy tal parece que la historia ha dado un marcado retroceso, y ahora son millones los consumidores en el territorio nacional que se han agrupado nuevamente (ahora en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica) para exigir al gobierno –paradójico– no que meta al orden a empresas extranjeras, sino a una empresa pública que debiera velar por el interés colectivo y no por el de las trasnacionales, que en los gobiernos panistas retornaron a sus antiguos privilegios en el sector energético.
