La Suprema Corte de Justicia dictaminó que contra los líderes de la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco se dictaron sentencias como una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social y de “castigar el ser oposición”. Esta verdad jurídica inapelable del máximo tribunal desnuda, por lo tanto, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón como cabezas de gobiernos que castigan la protesta social. Da la razón, además, a quienes han sostenido que la militarización del país para combatir al narcotráfico y las modificaciones legales que el gobierno federal promueve para disponer de más herramientas que la inclinen a su favor aunque resten libertades fundamentales y faciliten la instauración de estados de excepción, tienen también entre sus objetivos castigar a quienes están inconformes con el cada vez más grave deterioro de la vida nacional. La Corte reparó una terrible injusticia al ordenar la liberación inmediata de los 12 dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en los violentos enfrentamientos de 2006. Aquella protesta era secuela de una lucha emprendida contra el despojo de tierras de su comunidad para la construcción de un aeropuerto internacional para la ciudad de México. En esa lucha, indudablemente, se cometieron delitos pero no tales como para que fueran sentenciados, como ocurrió, con cárcel de 31 a 112 años, ni para que los líderes Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo quedaran encerrados en un penal de máxima seguridad porque sus acusadores y juzgadores equipararon con secuestro la retención de funcionarios que realizaron como un recurso de presión. Aunque la Corte desechó que hubiera secuestro equiparado y ordenó su liberación, estos tres dirigentes sociales no serán excarcelados, pues se les sigue proceso por otros delitos. El gobierno se resiste a dejar sin castigo la protesta social. El hecho es que, en palabras del ministro Juan Silva Meza, quedó en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal y la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales. Y el aserto no es cosa menor en medio del creciente número de denuncias por violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y de protestas como las de la APPO en Oaxaca o como las que mantienen los electricistas de SME o los mineros. Instantáneas 1. CAYETANO. Cumplió 67 días en huelga de hambre el electricista del SME Cayetano Cabrera Esteva. Nada indica que vaya a desistir de su protesta contra la extinción de Luz y Fuerza y la pérdida de su empleo. Existe la expectativa que la Corte dictamine sobre este otro asunto antes del próximo 15 de julio que inicia su receso vacacional de verano. Mientras, la salud de Cayetano va en franco deterioro. Pero que más da otro muerto, han de pensar en el gobierno de Felipe Calderón. 2. ¡CUIDADO! Evidenciada por grabaciones telefónicas la connivencia en Oaxaca del gobernador Ulises Ruiz con el presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría Morales, habrá que estar muy pendientes el domingo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el famoso PREP. Quedó en manos de la empresa Grupo Proisi, de los coahuilenses Carlos y Abel Treviño, quienes han sido contratados en otras entidades donde ha habido caídas del sistema. Ahí podría estar la clave de una manipulación fraudulenta o a lo mejor lo esté en las boletas electorales, mismas que no se mandaron a hacer a los Talleres Gráficos de la Nación sino en la empresa Lith Formas. Ojo, mucho ojo. 3. ADECUACIONES. Al menos 3 mil 900 servidores públicos, incluidos magistrados de Circuito, jueces de Distrito, secretarios y actuarios han sido capacitados ya en 40 actividades académicas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, informó el magistrado Óscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal. 4. ISLAS MARÍAS. Por cierto que inició operaciones el juzgado de Distrito de ese complejo penitenciario, cuya instalación fue atestiguada por los consejeros de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado, Óscar Vázquez Marín y Juan Carlos Cruz Razo. Los funcionarios de ese juzgado de Distrito trabajarán periodos de dos meses por 15 días de descanso y no estarán más de un año en el cargo.
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