Armando Javier Francisco Zárate Buendía*
En la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (Sener) y el representante del Sistema de Enajenación y Administración (SAE) de los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sorprende la ligereza con la que responden éstos a los cuestionamientos hechos por los legisladores, sobre la extinción de la empresa paraestatal, como si las políticas públicas que impone el gobierno federal a las entidades derivadas de la administración pública federal no fueran su responsabilidad.
Porque ahora resulta que el motivo de la separación de más de 40 mil trabajadores obedece a los “altos costos de operación, a la imposibilidad de otorgar el servicio de energía eléctrica, en las diferentes zonas habitacionales e industriales que se han ido desarrollando dentro de la zona de LFC y a la falta de cumplimiento al convenio de productividad” firmado en marzo de 2008, a ejecutarse en un periodo de cuatro años (2008-2012), por su contenido de mediano plazo en rubros como la restructuración del área comercial, proyecto que se encontraba en proceso de implementación y que sólo faltaba la inversión presupuestal, para la adquisición de nuevas tecnologías.
Los problemas financieros de los organismos públicos obedecen fundamentalmente a los criterios que imponen los funcionarios responsables de la administración pública. Para su desarrollo financieramente sano, es necesario que se cuente con los recursos presupuestales suficientes, en función de la demanda del servicio. Por ejemplo, analicemos el año de la firma del convenio de productividad 2008: en 2007 la SHCP propuso para el presupuesto de inversión 4 mil 222.7 millones de pesos, mismos que autorizó el Congreso de la Unión, siendo que el organismo solicitó 10 mil 895.7 millones, con lo que se creó un déficit de 61.2 por ciento.
La venta de energía, que en el caso de LFC debió ser la principal fuente de ingresos (ya que también se contaba con una planta productiva para producir y comercializar torres de transmisión, tableros, herrajes, postes y una amplia variedad de productos de concreto, necesarios para crear la infraestructura de la industria eléctrica), estaba sujeta a los programas sectoriales, diseñados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la cual LFC simplemente no existía.
En 2008 la política en producción de energía fue diseñada por el Estado así: para CFE, 38 mil 474 megavatios (Mw); a los productores independientes de energía, 11 mil 457 Mw, y a LFC, mil 174 Mw, siendo que su demanda estaba estimada en alrededor de 8 mil 800 Mw. Los más de 7 mil Mw adicionales que se requerían para proporcionar el servicio se le compraban a la CFE, con el siguiente criterio: en enero de 2008 CFE compró la energía eléctrica a los privados en 0.5670 centavos el Kwh, y a LFC se la vendió a 1.1040 el Kwh; asimismo, LFC la vendió a los industriales a 0.948 el Kwh, valor impuesto por Hacienda, quien define las tarifas de venta a los usuarios finales. Para cubrir el déficit generado por la compraventa de energía, la SHCP tenía que cubrir forzosamente el monto que se convertía en subsidio, sobre todo a los industriales.
El primer informe está registrado en los cuadernos de la junta de gobierno del organismo, misma que fue presidida en innumerables ocasiones por el subsecretario de Energía de la Sener, Benjamín Contreras. Lo que refleja con sus comentarios vertidos en la comparecencia ante los legisladores es una persistente tendencia a mentir dolosamente, o desconocimiento del contenido escrito en los cuadernos de la junta de gobierno de LFC, lo que también es grave.
De cualquier manera, se continúa falseando la información en el caso Luz y Fuerza del Centro.
* Coordinador de la Comisión Mixta Permanente de Productividad del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: la Jornada
