l amicus curiae (amigo de la corte
) es una institución jurídica de origen romano que forma parte de la práctica judicial anglosajona y se considera incluso comprendida en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Ha sido recogida en los reglamentos del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana (CIDH), ambos de Derechos Humanos.
En los últimos años se ha hecho costumbre en muchos países que antes no la reconocían, sobre todo en causas de derechos humanos y cuando un litigio es fundamental para la existencia de un Estado de derecho democrático. Surge entonces como medio de participación ciudadana en torno a temas y problemas de interés público, con el que personas o grupos expertos e interesados en un proceso aportan a los jueces elementos sustantivos, sobre todo cuando se trata de proteger garantías fundamentales.
En México no está garantizada por la ley, y por eso, en 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria propuso introducirla en nuestra práctica judicial, durante la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, que ese año y durante 2005 abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De manera sucinta, la SCJN la asumió dentro de las 30 propuestas que publicó el 11 de septiembre de 2006 en el Libro blanco de la reforma judicial (una agenda para la justicia en México), aclarando que su implementación también puede lograrse en el corto plazo mediante una decisión de la Corte en esta dirección
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