A
tres años del asalto policial a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto del titular del Ejecutivo federal, puede apreciarse el daño causado por esas medidas a los trabajadores de la compañía, a la propiedad pública, a la población y al país en su conjunto.
Por principio de cuentas, con la decisión de arrojar al desempleo a más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, el gobierno federal originó un conflicto social, político y jurídico que dista de haber concluido; hace unos días, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo emitió un fallo que ordena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumirse como patrón sustituto de los trabajadores de LFC, y da la razón, con ello, a una de las demandas principales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
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