Después del caso Cassez
Martín Esparza
Libres de las presiones ejercidas por Felipe Calderón Hinojosa y su gabinete, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parecen devolver al Poder Judicial, en el nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, su autonomía y credibilidad, puestas en tela de juicio en el anterior sexenio.
Uno de los dos casos emblemáticos que demostrarían en el terreno del Estado de derecho si los miembros del Alto Tribunal retomaban el sentido que la Constitución les marca como guardianes de la aplicación exacta de las leyes, negando someterse a los designios del Ejecutivo en la ilegal salvaguarda de oscuros intereses personales y políticos, era sin duda alguna el polémico caso de la francesa Florence Cassez.
Como se recordará, el asunto puso en un brete a los miembros de la Segunda Sala del máximo órgano de justicia del país, el pasado año, cuando saltó a la palestra del desaseado proceso en contra de la extranjera, acusada de secuestro, el burdo montaje mediático realizado en diciembre del 2005 por el entonces director de la AFI, y después titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Durante el juicio persistió en el pasado sexenio el fantasma de la duda sobre la presión ejercida por la administración de Felipe Calderón para que los ministros encabezados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea protegieran con su fallo los errores cometidos por uno de los funcionarios consentidos del expresidente, que pasó por alto no sólo los básicos fundamentos procesales sino además los tratados internacionales que obligan a la asistencia consular en caso de delitos cometidos por extranjeros.
Fue evidente que ante tal avasallamiento a los derechos humanos de la procesada, la aplicación de la ley no dejaba otra salida que la liberación de Cassez. Y en ese sentido iba a tomar camino la decisión de los ministros, pero todo indica ahora que la arbitraria e impositiva injerencia del expresidente para evitar un daño de proporciones mayúsculas a la imagen política de su partido y su gobierno, que acabaron por irse a pique en las elecciones de julio pasado, terminó alargando el proceso hasta remitirlo a la esfera de un nuevo gobierno que nada tuvo que ver con el monstruoso desaseo jurídico armado en torno a este asunto que provocó, en 2011, una grave crisis diplomática con el gobierno de Francia.
