Zenyazen Flores
El gobierno federal ha gastado 4 mil 300 millones de pesos en la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por concepto de asesoría externa y consultas de índole jurídico, así como asuntos legales relacionados con demandas laborales, asuntos penales, servicios de contabilidad y fiscales, entre otros.
La cantidad que se ha gastado en la asesoría externa equivale, por ejemplo, al presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el ejercicio fiscal 2013, que asciende a alrededor de 4 mil 400 millones de pesos.
Datos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtenidos por El Financiero, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), muestran que hasta el 15 de enero de 2013, el gobierno contrató 20 abogados externos y los servicios del despacho Cavazos Flores S.C.
Para atender juicios laborales, el SAE indica que “se ha erogado la cantidad de $115,029,001.48 a los prestadores de servicios antes señalados para la atención de juicios laborales”.
Luis Miguel Pérez, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, señala que el gasto por asesorías externas significa que la liquidación de LFC ha sido un proceso complejo en el que no se dimensionó el conflicto laboral que derivó, pues a cuatro años de la extinción de la paraestatal, persisten demandas por la reinstalación laboral.
