Y en México los particulares le venden fluido caro a la CFE.
Por Sergio O. Saldaña Zorrilla
Abrir a particulares la participación en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país, como propone la legislación secundaria enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, es un grave error económico.
No hay razones económicas que justifiquen esa legislación. Permitir la participación de suministradores privados de energía eléctrica no le genera ahorro alguno al Estado mexicano; por el contrario, hasta ahora la energía que la Comisión Federal de Electricidad ha comprado a particulares ha tenido un costo de producción mayor al de la capacidad instalada de la paraestatal.
La CFE no emplea óptimamente su capacidad instalada debido a que tiene contratos con particulares –predominantemente extranjeros–. Si hiciera uso pleno de su capacidad instalada en plantas hidroeléctricas, de comparativamente bajos costos unitarios, se abatiría el costo promedio unitario de la Comisión, que así ahorraría enormemente si dejara de comprar energía a los productores privados.
Los perjudicados hasta ahora han sido los usuarios (hogares y empresas), que pagan cada vez más por el suministro eléctrico. De ampliarse el suministro eléctrico por medio de empresas privadas, como propone esta legislación, el costo de las tarifas eléctricas aumentará aún más y se perjudicará aún más al pueblo de México.
Desde inicios de los años ochenta, diversos países comenzaron a reformar sus marcos legales a fin de romper el monopolio del Estado en el sector eléctrico. Al día de hoy, la evidencia empírica de los resultados en esos países nos arroja resultados abrumadoramente negativos.
