Fecha:27 septiembre, 2014
Reforma inconclusa
Martín Esparza Flores
El tema de los billonarios pasivos laborales de Pemex y CFE, que de acuerdo con lo establecido en las leyes secundarias serán asumidos por el gobierno federal para transformarlos en deuda pública, son parte de una historia contada a medias al pueblo de México donde aún faltan por contabilizar los casi 350 mil millones de pesos que representan los compromisos laborales incumplidos con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aun antes de la ilegal liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Si se quiere sanear financieramente el sector energético y las ahora empresas productivas del Estado, como plantearon los legisladores en el Congreso, deben asumirse de manera uniforme todos los pendientes laborales aún por zanjar, siendo obligación de la Secretaría de Hacienda reconocer tales rezagos.
Hasta el momento, ni los funcionarios del sector ni los diputados y senadores que aprobaron la reforma energética han dilucidado el origen y naturaleza de tales pasivos.
Se han guardado bien de desmenuzar los inflados pasivos donde, tramposamente, insertaron las millonarias jubilaciones de los altos funcionarios, engañando a la nación con cantidades que no corresponden a la realidad de las pensiones de los trabajadores sindicalizados de tal modo que, por ejemplo, mientras los datos de la Auditoría Superior de la Federación indican que el pago de las pensiones de los jubilados de Pemex asciende a 22 mil 517 pesos anuales, los legisladores en el Congreso elevaron tal cantidad a 53 mil millones de pesos; en el caso de CFE la situación es similar, pues mientras el organismo auditor ha establecido que tal concepto representa una erogación de 13 mil 827 millones, en el proyecto de “rescate” se pidieron 35 mil millones de pesos.
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