Por: Javier Ramírez
México, D.F.
México, D.F.
El decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) de 2009 violó el Estado de Derecho al intentar dejar sin efectos los 6.5 millones de contratos vigentes con valor jurídico, que suscribieron los usuarios con LyFC y que no puede suprimir de golpe y porrazo, revela una investigación del especialista Daniel Márquez Gómez.
En el mismo ordenamiento, agrega el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay simulación, ya que el SAE no intermedia como dice este decreto, y entrega los bienes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, de una manera no muy legal, se haga cargo del servicio del centro del país, aunque jurídicamente no debe prestar el servicio.
Las autoridades federales se manejan sin transparencia y con secrecía en la desaparición de la empresa LyFC, ya que desde la Presidencia, la Consejería Jurídica, la CFE y la Policía Federal que intervinieron en el mandato, afectado de nulidad relativa lo mismo que los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían ser responsables de índole administrativa, penales y políticas.
Por eso, las acciones y hechos de la CFE carecen de sustento jurídico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y no debe cobrar ni cortar el fluido eléctrico, ni tampoco amenazar a los usuarios ni recibir los subsidios correspondientes.
Unos 200 mil abonados que dejaron de pagar su servicio "por los recibos locos", deficiencias, cortes supuestamente por mantenimiento, pueden demandar al gobierno federal ante juzgados en materia mercantil, administrativa y civil para que se aclare la prestación del servicio, el papel del SAE, cumplimiento del contrato y con quién se está contratando.
NI EL SAE NI LA CFE QUIEREN SABER NADA
Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la CFE se les pidió su punto de vista sobre lo abundado líneas arriba, sin recibir respuesta.
En el mismo ordenamiento, agrega el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay simulación, ya que el SAE no intermedia como dice este decreto, y entrega los bienes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, de una manera no muy legal, se haga cargo del servicio del centro del país, aunque jurídicamente no debe prestar el servicio.
Las autoridades federales se manejan sin transparencia y con secrecía en la desaparición de la empresa LyFC, ya que desde la Presidencia, la Consejería Jurídica, la CFE y la Policía Federal que intervinieron en el mandato, afectado de nulidad relativa lo mismo que los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían ser responsables de índole administrativa, penales y políticas.
Por eso, las acciones y hechos de la CFE carecen de sustento jurídico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y no debe cobrar ni cortar el fluido eléctrico, ni tampoco amenazar a los usuarios ni recibir los subsidios correspondientes.
Unos 200 mil abonados que dejaron de pagar su servicio "por los recibos locos", deficiencias, cortes supuestamente por mantenimiento, pueden demandar al gobierno federal ante juzgados en materia mercantil, administrativa y civil para que se aclare la prestación del servicio, el papel del SAE, cumplimiento del contrato y con quién se está contratando.
NI EL SAE NI LA CFE QUIEREN SABER NADA
Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la CFE se les pidió su punto de vista sobre lo abundado líneas arriba, sin recibir respuesta.
