Editorial / La jornada
Si hubiera que ejemplificar con un hecho la negligencia y la insensibilidad tecnocrática que caracteriza la actual conducción de los servicios públicos en el país, el episodio ocurrido en el hospital Manuel Campos de Campeche sería insoslayable. El pasado jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía de ese nosocomio alegando un adeudo de 564 mil pesos. En el momento de la interrupción –como relató ayer el gobernador de la entidad, Fernando Ortega– en el citado hospital se practicaba una cirugía, había 14 pacientes internados y dos recién nacidos en las incubadoras. Uno de los bebés falleció y el otro se encuentra grave, tras ser trasladado de emergencia a otro nosocomio.
Aunque las propias autoridades estatales han señalado que la muerte del recién nacido se debió a la condición de salud del prematuro, no a la atención médica que se le dio ni mucho menos al corte de luz, la situación es indicativa de una irresponsabilidad mayúscula de la llamada empresa de clase mundial. Tendría que ser innecesario recordar el carácter estratégico y la importancia vital que tiene, para cualquier país, el correcto funcionamiento de sus hospitales, así como la obligación de los estados de garantizar condiciones mínimas para su operación, pues en ellos desarrollan tareas que son, literalmente, de vida o muerte. No en vano las actividades de los nosocomios están protegidas por el derecho internacional, el cual indica que esas instalaciones deberán ser respetadas incluso en caso de conflictos bélicos. Sin embargo, en el México del siglo XXI bastó un adeudo de menos de 600 mil pesos para que una compañía paraestatal dejara sin electricidad a un hospital público.
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