Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 2
Cuando el gobierno federal emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, calculaba que bastarían unas cuantas semanas para vencer cualquier oposición, pero un año después, 36 por ciento de la plantilla original de 44 mil trabajadores se resiste a quedarse sin empleo en el sector eléctrico y no ha aceptado la liquidación.
Al mismo tiempo, en la administración calderonista hay dos posiciones en pugna: la Secretaría del Trabajo insiste en que la extinción es cosa juzgada, mientras en Gobernación sigue abierta una mesa de negociaciones en busca de alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto laboral.
También continúa en disputa la zona de influencia que tenía LFC, con un mercado que equivalen a 25 por ciento del total de venta de energía eléctrica en todo el país. Luz y Fuerza atendía a más de 22 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal y 132 municipios de entidades vecinas: 82 en el estado de México, 45 en Hidalgo, dos en Morelos, y tres en Puebla, con una facturación anual de alrededor de 55 mil millones de pesos .
La impugnación del decreto presidencial llevó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a un litigio que se resolvió en julio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la medida.
