Para diputados de oposición, los escándalos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son tan sólo la punta de un iceberg que sentó sus reales en más de una década, particularmente en la administración de Alfredo Elías Ayub, por lo que han anunciado una serie de acciones a fin de llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los autores materiales e intelectuales del multimillonario desfalco al erario en esa empresa.
Lo peor de todo, señalan, es que el costo de la corrupción lo paga la población con las altas tarifas eléctricas. Y es que de acuerdo con un compendio de documentos heredados por la LX Legislatura a la LXI que está por concluir, se advertía que de no ponerse un freno a la cadena de ilícitos en la paraestatal, como daño colateral se encarecería el fluido para la población, cosa que ya ocurre.
Las consecuencias de estos malos manejos, señala dicho informe, “se traducirán en la elevación de las tarifas eléctricas y, más aún, la CFE buscará obligar al pago desproporcionado del servicio eléctrico en varios estados de la República, para cubrir los desfalcos”.
En este tenor, diputados del PRI, PRD y PT han solicitado la comparecencia de Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la paraestatal, para que explique en detalle los casos de sobornos, venta de contratos, dádivas millonarias y, en general, toda la estela de corrupción que impera desde hace más de una década en la CFE.
