Martín Esparza Flores
Tras la ratificación y publicación de su sentencia en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo no le dejó al gobierno de Felipe Calderón más que dos opciones, muy propias del léxico popular: beberla o derramarla. Para donde se haga, el presidente que emitió el ilegítimo decreto de extinción de Luz y Fuerza, hace tres años, se encuentra atrapado en la telaraña de sus inconsistencias jurídicas.
Lo establecido por el tribunal no permite duda alguna: Comisión Federal de Eletricidad debe asumir su responsabilidad como el patrón sustituto, devolviendo su empleo a los 16 mil 599 electricistas que se negaron a liquidarse, pagándoles sus prestaciones y salarios caídos.
Así lo establece la ley y quienes la torcieron a su antojo, pensando que se saldrían con la suya, ahora deben asumir los costos políticos y dejarse de una buena vez de asirse a sus alabarderos de los medios, buscándole sustento a lo injustificable.
Es decir, cual si se tratara de oficiosos funcionarios públicos, insisten en ocultar la sistemática violación al Estado de derecho que las autoridades entablaron en nuestra contra durante los últimos años.
Se guardan muy bien, como el gabinete, de detallar los porqués se invocaron las inexistentes causas fortuitas y de fuerza mayor, que ilegítimamente tomó en cuenta la Junta Especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para pisotear los derechos laborales, tras la extinción de Luz y Fuerza, negándonos la sustitución patronal, cuando la materia de trabajo siempre ha subsistido.
Ahora, de nueva cuenta, la junta local, presidida por Eduardo Andrade Salaverria, incurre en una irresponsabilidad legal y en un abierto desacato a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pasa por alto el plazo establecido de 24 horas para emitir un nuevo laudo a favor de los trabajadores electricistas.
