José Antonio Almazán González / La Jornada
La historia se remonta a 1992 y la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en cuyo marco Salinas de Gortari promovió una
contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, avalada por
la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de aquel entonces.
Los cambios a la ley eléctrica, particularmente a su artículo 3, permitieron la
inversión de capital privado en la generación, pese a violentar la exclusividad
de la nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo
establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, hecho añicos
en diciembre de 2013.
Con aquella reforma privatizadora y mediante la figura de productor independiente de energía, el capital privado creció vertiginosamente; más aún cuando con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005, el petróleo y la electricidad fueron ubicados dentro del llamado
perímetro de seguridadde Estados Unidos, como parte de su infraestructura crítica.
Veintiún años después el nefasto saldo de la privatización eléctrica es el siguiente: 1) Al 31 de diciembre de 2013, conforme a datos de la Comisión Reguladora de Energía, existen 726 permisos privados vigentes (461 en autoabastecimiento, 93 en cogeneración, 40 en importación, 60 en pequeña producción, 29 en producción independiente, siete en exportación y 36 en usos propios). 2) Con una inversión de 43 mil 189.1 millones de dólares, en lo fundamental a través de permisos de productor independiente de energía y autoabastecimiento, el capital privado es propietario de 33 mil 933.6 megavatios, equivalentes a 59.5 por ciento de la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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