Contralínea / Martín Esparza flores.
Con el acostumbrado sello de la impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón, representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.El sistema de adjudicación directa, similar al utilizado para entregar en bandeja de plata la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a los panistas Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, constituye una muestra viviente del conflicto de intereses en que incurrió el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social y hoy senador por el Partido Acción Nacional Javier Lozano Alarcón, quien en su papel de alto funcionario ejerció también un abierto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, quienes desde años atrás habían contratado sus servicios a través de su despacho Javier Lozano y Asociados, SC. Gracias a las malas artes políticas del extitular del Trabajo, no hubo más participantes en la licitación del apetitoso botín de la fibra óptica de CFE.
Lozano conocía los recovecos legales y oficiales del botín a repartir, pues en el sexenio de Ernesto Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, le permitió operar a sus anchas en el área de las telecomunicaciones para arribar después a la presidencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, la extinta Cofetel, desde cuyo cargo realizó una doble función: lo mismo apoyó que asesoró tanto a Televisa como al Grupo Salinas (Tv Azteca). De ahí viene el compromiso y sumisión del ahora legislador federal con los poderosos consorcios televisivos, por cuyos intereses siempre ha velado y se ha rasgado las vestiduras, como aconteció en el Senado.
Si la aplicación de las leyes en nuestro país fuera una realidad, Lozano y otros panistas deberían ser investigados y responder ante la justicia por el quebranto ocasionado a los recursos públicos, al haber ofrecido los bienes de la nación a precios de remate a los monopolios, que a casi 2 años de entrar en vigor la reforma constitucional a las telecomunicaciones todavía no reflejan una mejora sustancial a la deteriorada economía de millones de consumidores en cuanto a la baja en los servicios de telefonía, internet y televisión. El así conocido como triple play.
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