Intromisión a la autonomía y libertad sindicales/Primera parte
Temeroso de que el país conociera los ocultos intereses que motivaron la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y el atentado laboral y jurídico perpetrado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Calderón Hinojosa ordenó reservar por 12 años los expedientes oficiales donde se contenía la información en torno al encubierto Golpe de Estado que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores el 11 de octubre del 2009.
En 2021, los mexicanos podrán enterarse que nada de lo argumentado por quien, ahora se sabe, encabezó un narcogobierno, fue válido para justificar el decreto de extinción de LyFC; sin embargo, no es necesario esperar dos años para recapitular sobre los antecedentes de esta infamia donde diversos personajes mostraron su baja estofa y su absoluto desinterés por los derechos de los electricistas, la defensa del sector energético y el bienestar de los usuarios.
Marcado desde el inicio de su gobierno por la sospecha de un cuestionado triunfo electoral con notorias evidencias de fraude, Felipe Calderón Hinojosa no solo declaró una disparatada guerra contra los capos del narco en su afán de legitimarse, sino también se lanzó contra aquellas organizaciones sociales y sindicatos independientes que manifestaron en 2006 su abierta adhesión a Andrés Manuel López Obrador. Tal era el caso del SME, que por acuerdo de Asamblea General decidió apoyarlo.
El golpe artero y cobarde al SME no fue obra de la casualidad, sino parte de una orquestada estrategia para golpear a una organización que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se opuso a los intentos de privatización de la industria eléctrica nacional. Los primeros visos de que el espurio Calderón quería quitar de en medio al combativo SME, fue la campaña de linchamiento mediático que inició durante la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del periodo 2008-2010, donde a través de gente como Carlos Loret de Mola se buscó calificar como privilegios prestaciones ganadas por los electricistas en años de lucha, como los tratamientos de equinoterapia y definoterapia a los hijos de los trabajadores con problemas neurológicos.
Pero no solo comunicadores de Televisa, sino también funcionarios como el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se subieron al ring de la ilegalidad para denostar y amenazar al SME, pues a pesar de que en dicha negociación se había alcanzado un acuerdo para rescatar al organismo público descentralizado mediante un convenio de productividad con 27 indicadores, que tendría vigencia hasta marzo....................LEER nota completa
