
La noche del 10 de octubre de 2009, policías federales y elementos del Ejército tomaron las instalaciones de LFC, organismo que suministraba energía eléctrica a la zona central del país; los trabajadores del turno nocturno fueron desalojados y, en automático, 44 mil electricistas y sus familias se quedaron en la calle.
El gobierno del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, argumentó que LFC sólo generaba pérdidas millonarias para el erario. El decreto de extinción del organismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2009.
"Llegamos bien cohesionados como sindicato en un momento clave para el desenlace del conflicto que es la mesa de negociación (para la reinserción laboral de los poco más de 15 mil trabajadores en resistencia); estamos en una línea de poder avanzar, en próxima fecha, en la mesa de negociación (con el gobierno federal)", señaló Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME.
Representantes de decenas de organizaciones sociales acudieron hoy a la sede del SME para participar en un foro de análisis, en el contexto de "macabros hechos" como la "desaparición forzada" de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de la resistencia de otros grupos como los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
Al respecto, Montes de Oca subrayó que el SME sólo ha dado a la comunidad politécnica "algún tipo de solidaridad material, como es prestarles el equipo de sonido", pero de ninguna manera hay una injerencia del sindicato.
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