Incongruencias
Raúl Jiménez Vázquez
En una previa entrega dimos cuenta del movimiento iniciado por un grupo de fiscales, jueces y magistrados argentinos que alzaron su voz en contra de decisiones jurisdiccionales emitidas en varios casos emblemáticos, como el del diario Clarín, por lo que están demandando que la conducta y fallos de los juzgadores sean sometidos al escrutinio ciudadano, a fin de dar paso a una justicia legítima, una justicia acorde con una democratización real.
Análogamente, las determinaciones recientemente adoptadas por nuestro máximo tribunal podrían propiciar un brote de esa índole.
En el caso Cassez, los ministros de la Primera Sala resolvieron por mayoría de votos que la no puesta a la disposición inmediata del ministerio público, la falta de asistencia consular y la escenificación del montaje acarrearon la destrucción del principio de la presunción de inocencia e impidieron a la quejosa el ejercicio de una defensa adecuada, generándose un efecto corruptor en todo el proceso.
A partir de dicho razonamiento le fue otorgado a la ciudadana francesa el amparo liso y llano y su puesta en libertad.
Tal beneficio sin duda alguna fue la consecuencia directa de la asunción de un modelo interpretativo epiquéyico, es decir, un enfoque pródigo en generosidad y empatía judicial, puesto que siguiendo este mismo raciocinio también pudo arribarse válidamente al corolario planteado por el ministro José Ramón Cossío con base en la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, en el sentido de que el amparo debía ser concedido para el efecto de que se dictase una nueva sentencia excluyendo las pruebas ilícitas, esto es, aquéllas que habrían resultado viciadas a raíz de la transgresión a los derechos fundamentales.
