Por más ocupados que estén en aprobar al vapor todas las reformas estructurales enviadas por el Ejecutivo Federal, los senadores y diputados no pueden ignorar la inconstitucional e irregular condición que guarda la prestación del servicio público eléctrico en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, como resultado de un ilegal comodato que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Estos son los hechos.
Mediante un operativo armado, que comenzó la noche del sábado 10 de octubre de 2009, que involucró a varios miles de miembros de la policía y el Ejército, el gobierno de Felipe Calderón comenzó el golpe contra el SME y su contrato colectivo de trabajo, para allanar el proceso de privatización eléctrica. Primero golpearon y después buscaron legalizarlo mediante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el domingo 11 de octubre de 2009; entró en vigor ese mismo día. Sin embargo, para eludir la obligación del patrón sustituto que irremediablemente correspondía a CFE, a los 00.25 minutos de ese mismo día el SAE entregó en comodato a CFE todos los bienes de LFC afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
