Las lluvias que se registraron en el valle de México entre el miércoles y la madrugada del jueves, provocaron severas inundaciones en distintos puntos de la capital y el área metropolitana, particularmente en su zona oriente; ocasionaron el rompimiento de dos diques del río de Los Remedios, cuyas aguas negras inundaron centenares de viviendas de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; generaron interrupciones en el servicio de la línea 5 del Metro, y estropearon varios de los circuitos de la red de suministro eléctrico, lo que causó fallas en el servicio de luz y las correspondientes afectaciones a la vialidad, las telecomunicaciones y el abasto de agua en diversas zonas de la ciudad.
Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habló de una “marca histórica” en materia pluvial, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que es “muy complicado” prever la magnitud de las precipitaciones, el fenómeno meteorológico puso en evidencia la precariedad y la fragilidad del conglomerado urbano que conforman el Distrito Federal y los municipios conurbados del estado de México, y exhibió la falta de preparación de los gobiernos capitalino y mexiquense para atender contingencias.
Por otra parte, las circunstancias climáticas llegan con el telón de fondo de una doble ofensiva emprendida por el gobierno federal: contra la ciudad capital –en lo presupuestal, en el abasto de agua, en el permanente golpeteo político y declarativo, y en la campaña de actores y dependencias federales para revertir las decisiones soberanas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de derechos reproductivos y de las minorías sexuales– y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa doble ofensiva agravó considerablemente el impacto de las lluvias, en la medida en que la capacidad de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y de sus subcontratistas improvisadas ante los fallos en la red de distribución eléctrica (previsibles, esos sí) ha sido superada y demora mucho más del tiempo que le tomaba repararlos a los afiliados del Sindicato Mexicano de Electricistas y a Luz y Fuerza del Centro, la cual fue declarada “extinta” por decreto presidencial en octubre pasado, sin que se tomaran medidas mínimamente eficaces para asegurar el funcionamiento del cableado existente.
En el ámbito doméstico, cientos de miles o millones de capitalinos se han visto afectados por las inundaciones, por la carencia de electricidad y agua en sus domicilios, por los gigantescos atascos de tránsito, por las fallas en el transporte colectivo y por el inevitable deterioro de la seguridad pública que conllevan los apagones. En el terreno económico, innumerables giros y negocios sufren pérdidas de diversa consideración por las deficiencias en el abasto de energía eléctrica, lo cual profundiza la situación crítica a la que ya se enfrentan los habitantes del conglomerado urbano por efecto de la inflación, el desempleo y la contracción del mercado.
Es obligado preguntarse si, detrás de la concatenación de hechos que han colocado al valle de México en la emergencia en la que se encuentra, hay sólo imprudencia burocrática y administrativa o si, por el contrario, existe el designio de poner a la población de esta zona en una circunstancia de emergencia permanente.
Cuando el abasto de electricidad y de agua y el sistema de drenaje fallan en forma tan exasperante como ha venido ocurriendo en lo que va del presente año, resulta inevitable que aparezcan en el horizonte escenarios de explosividad social y de ingobernabilidad. A menos que sea precisamente eso lo que se pretende propiciar, es urgente que las autoridades federales, las capitalinas y las mexiquenses dejen de lado sus diferencias políticas y actúen para corregir en forma coordinada la imprevisión y la improvisación.
