Manuel Bartlett Díaz
El 1 de septiembre el presidente Calderón informará a la nación. Esperemos no repita el show televisivo que montó en Palacio hace un año para presentar un decálogo de promesas incumplidas. Es la última oportunidad de su desfalleciente gobierno.El Informe es ocasión para desplantes. La cúpula priísta exige que Calderón asista al Congreso cuando fueron ellos quienes, condescendientes, hicieron la reforma para que no asistiera. Sin recato denuncian: oculta el inminente colapso económico, la muerte de Petróleos Mexicanos, la ruina del Seguro y del Banco de México, habiendo sido ellos corresponsables en cada uno de estos nefastos resultados.
Se acelera nuestra caída al vacío. La guerra de Calderón oculta la descomposición social, económica, política; oculta incluso la carencia en su guerra de “inteligencia” y acciones profundas.
Buscaglia, consultor de la ONU, afirma literalmente que el problema de la droga está en la corrupción infiltrada en el Estado y el gobierno de Calderón que, de no eliminarse, no habrá solución. Pero la corrupción no se limita a la droga; infesta la estructura política y económica. Recientes declaraciones del anterior titular de la Auditoría Superior, González de Aragón, describen el saqueo a la nación —ejemplos de la familia Fox— del secretario Gil Díaz, del presidente Calderón, miles de millones en daños en la impunidad. La Cámara de Diputados contribuye —le corresponde fiscalizar los recursos del Estado— apoyada en la ASF, pero burocráticamente no genera acciones; así, esa trascendental función para el control del poder se diluye.
Se multiplican acciones lesivas del Ejecutivo. El golpe al SME a costa de hundir a la zona metropolitana en un caos eléctrico, pero facilita al director de la CFE contratar sin licitar por miles de millones de pesos con privados para un desastroso mantenimiento. Grandes negocios. Pero la Secretaría de la Función Pública no se entera, como tampoco de procesos en Estados Unidos de corrupción contra el jefe de Operaciones de la CFE; ni de sanciones internacionales al gigante eléctrico alemán Siemens por corromper a funcionarios de la CFE; o del regalo a Televisa de miles de millones del espectro radioeléctrico para telefonía y su vergonzosa aprobación por la Cofetel con el voto de sólo dos comisionados, facilitado por ausencia y abstención de otros; cómplices. No importa el escándalo, nada pasa. ¿En dónde está el crimen organizado, adentro o afuera?
Con el Informe inicia el periodo ordinario del Congreso, el mismo que ha contribuido con el Ejecutivo al desastre nacional; que no ha propuesto nada ajeno a la agenda de los intereses dominantes del país; conformado por esa partidocracia cuyas cúpulas coinciden con los intereses que representa Calderón.
La clase política es justamente vituperada, es responsable, pero siendo todos políticos, unos mandan y los más obedecen. Quienes controlan antidemocráticamente partidos y cámaras, integran la oligarquía; los más esperan sus favores. Por eso nadie propone las medidas indispensables para detener la disolución nacional, porque afectarían los intereses que los sostienen. La IP empieza a alarmarse, no por resultados económicos que les favorecen, sino por su seguridad personal, pero sus exigencias no son sociales, demandan más armas; ejemplo, Nuevo León.
Hoy, estos arreglos son insostenibles. Calderón debe plantear un auténtico rescate y llevarlo a cabo sin más compromiso que el interés nacional, so pena de sucumbir en la intrascendencia. Los diputados y senadores, por encima de tutelas cupulares deben legislar en verdad para salvar a la nación; tienen los instrumentos, empezando por el Presupuesto —ingresos y egresos— y el exigir al Ejecutivo acatarlo para dar el vuelco urgente. Si no, la descomposición arrastrará a todos, y las elecciones del 2012 serán en un panorama aterrador.
