Felipe Calderón puso en práctica una estrategia para intentar diluir la
demanda de los 23 mil mexicanos que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa
humanidad en la Corte Penal Internacional, según revela a
Proceso un funcionario federal. El presidente,
explica, designó en la embajada de México en los Países Bajos a dos
incondicionales con la misión de protegerlo de los golpes jurídicos que pudiera
recibir desde allá. Más aún, añade que el mandatario saliente también pactó con
Enrique Peña Nieto mantener a esos escuderos en sus puestos
diplomáticos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pese a los esfuerzos de Felipe Calderón para frenar
la demanda por crímenes de guerra y de lesa humanidad que en su contra
interpusieron cerca de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI),
en diciembre próximo la fiscal Fatou Bensuada podrá definir su destino.
Presentada el 25 de noviembre de 2011 contra el presidente mexicano y otros
protagonistas de la guerra contra el crimen organizado (incluidos el
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván), la demanda pasó
el primer filtro: la fiscalía del CPI determinó que hay materia para juzgar.
Ahora está a punto de entrar al “análisis preliminar”.
Llegar a esta etapa “es algo muy grave porque implica que la fiscalía de la
CPI le dice al mundo que en México se están cometiendo crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, pero se le da una última oportunidad al gobierno de
demostrar que tiene tanto capacidad como voluntad de juzgar esos delitos”,
sostiene en entrevista con Proceso Netzaí Sandoval Ballesteros,
el abogado de los demandantes.
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