A casi cuatro años del decreto presidencial que desapareció de la noche a la mañana la compañía Luz y Fuerza del Centro, dejando sin empleo a más de 44,000 trabajadores, más de 13,000 de ellos aún se niegan a reconocer tal arbitrariedad y participan en plantones, marchas, mítines y demás con el propósito de recuperar su empleo, así como de garantizar la jubilación de los compañeros que tienen la suficiente antigüedad para ejercer este derecho, conforme con lo convenido en el Contrato Colectivo de trabajo.
En una charla con los compañeros en resistencia, los trabajadores del SME manifiestan que la satisfacción del derecho a las jubilaciones por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto es apenas un primer gesto de reconocimiento de la arbitrariedad que cometió el Estado mexicano y también es una pequeña señal para el cumplimiento de su principal demanda: regresar al trabajo. En esta difícil batalla que pelean desde hace varios años, los compañeros en resistencia saben que su lucha se enmarca en el contexto de combate frontal que debe librar cualquier sindicato clasista, por ello señalan que estamos viviendo un momento muy parecido al que se vivió en los años ochenta con la imposición de las primeras políticas neoliberales. Los trabajadores denuncian que el golpe al SME se preparó desde hace muchos años con la descapitalización de la empresa. Precisamente por la supuesta falta de capital para inversión en infraestructura de las dos empresas paraestatales es que se permitió que particulares generaran energía eléctrica; sin embargo, las cosas siguen igual. Por ejemplo, ahora están informando que CFE está quebrada, pero no dicen que ella absorbe el gasto por consumo de gas de las empresas particulares que producen energía.
Por lo tanto, los trabajadores consideran que es fundamental la lucha que demos para desenmascarar a los partidos políticos de la burguesía, ya que la producción de energía no puede estar en manos de particulares. El argumento principal que esgrimen estos partidos es que las empresas del Estado, como cualquier otra, deben ser productivas y rentables, pero olvidan que la electricidad es un bien de uso común, necesario hoy en día para cualquier actividad, ya sea de tipo doméstica, social o productiva y que por ello debe reconocerse como un derecho social, lo que obligaría al Estado a garantizar una tarifa social, es decir, un pago acorde y adecuado al ingreso de los trabajadores.
