MORELIA, Mich., 12 de marzo de 2010.- Por lo menos mil 500 organizaciones a nivel nacional así como cien estatales, se sumarán este 16 de marzo a la huelga convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en protesta a la extinción de luz y Fuerza del Centro (LyFC), entre ellos grupos de catedráticos y estudiantes de la Universidad Michoacana en donde paralizarán actividades sólo en ciudad universitaria.
Lo anterior fue anunciado por integrantes de la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular quienes advirtieron una serie de movilizaciones y manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por cita organización sindical.
Al respecto, Nelson Leyva Eslava, subsecretario del Exterior del SME en Tuxtepec; dejó en claro que a partir de esta martes se colocarán las banderas rojinegras en sus instalaciones como protesta a la política laboral aplicada por la administración calderonista.
”Estamos convocando a la huelga política nacional para parar las políticas entreguistas del gobierno federal, a partir de las 12 hora del martes estaremos colocando las banderas rojinegras en nuestras instalaciones, aunque no descartamos la posibilidad de represión por parte del gobierno estatal , por ello estamos convocando a este movimiento también a observadores en derechos humanos para que sean testigos en caso de alguna represión”.
Por su parte Humberto Puente, docente del Centro de Didáctica de la Universidad Michoacana, advirtió que a manera de solidaridad con el SME, diversos grupos y organizaciones estudiantiles paralizarán actividades en ciudad universitaria así como el cierre de rectoría, con el objeto dijo, de poner en entredicho el proceso de inconstitucionalidad aplicado en el caso de LyFC.
Planteó además la posibilidad de cerrar espacios importantes en la capital michoacana así como en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Y es que de acuerdo a los representantes de estas organizaciones sociales, el gobierno federal violentó la Constitución al decretar la extinción de LyFC, cuyo hecho fue detallado por Rosa María de la Torre, especialista en Derecho Constitucional en la Máxima Casa de Estudios del estado.
En este tenor, precisó que contrario a dicho decreto, existen dos tipos de argumentos atacables a la desaparición del sustento laboral, el primero relacionado con la capacidad de atribuciones que pueda tener el presidente para desaparecer LyFC y en segunda instancia la violación de los derechos de los trabajadores
Refirió que aunque en efecto el artículo primero del decreto emitido el 11 de octubre de 2009, abroga la creación de LyFC expedido por el propio Presidente, pero hay juicios severos de especialistas que contradicen dicho decreto.
Argumentó que ”el ejecutivo federal olvida que el artículo 73 en su fracción decima establece que es atribución exclusiva del Presidente legislar en materia de energía eléctrica, el decreto de creación fue incitado por una petición del Congreso de la Unión, en el caso del decreto que lo extingue no cuenta con aval del Congreso de la Unión y eso representa una grave violación al contenido del artículo 123 y 27 que señalan que la energía eléctrica es sector estratégico de la economía y por ello se debe respetar la decisión de los poderes, no tomar decisiones unilaterales sino en consenso con ambos poderes y al no haberlo para desaparecer Luz y fuerza; se estaría violentando el contenido de separación de poderes además de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, resaltó.
Otro de los argumentos, resaltó la especialista nicolaita es que ”los trabajadores fueron separados si ser escuchados y vencidos en juicio, el patrón debió informar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) la pretendida incosteabilidad para un procedimiento de juicio ante donde se demostrarán las causas suficientes de costeabilidad para desaparecer la relación laboral”.
Ante ello, Rosa María de la Torre, consideró absurdo argumentar la simple decisión del gobierno federal, puesto que contravienen los artículos 73, 123 14y 16 de la Constitución y los artículos 434 y 435 de la Ley Federal del Trabajo.
Con dicho argumento confiaron en que se hagan valer los derechos establecidos en la Carta Magna y que las instituciones dejen de favorecer al gobierno federal.
