La Secretaría de Gobernación acordó este martes con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se le enviará a la representación sindical un proyecto de convenio individual de pago de las prestaciones devengadas durante el 2009 y hasta la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el 10 de octubre del mismo año, que corresponden a aguinaldo, vacaciones y fondo de ahorro.
El jueves pasado, del líder del SME, Martín Esparza, dijo que el cálculo de dichas prestaciones de los extrabajadores que no han aceptado la liquidación era de unos 2,200 millones de pesos.
Así, en la minuta del nuevo encuentro sostenido este martes entre representantes del gobierno federal y el SME se detalla que el acuerdo de enviar el proyecto, para efectos de análisis, es con el fin de que el pago de las prestaciones “no genere una contingencia litigiosa futura” para el gobierno federal, “ni vulnere” las acciones jurídicas promovidas por los agremiados del Sindicato.
“Una vez que la mesa instalada para este efecto lo apruebe, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes implementará y coordinará un procedimiento ágil y efectivo para el pago de esos conceptos, con la información de la que disponga.
“Asimismo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes abrirá un mecanismo de consulta del cálculo individual correspondiente y habilitará los espacios físicos para llevar adelante dicho procedimiento”, se lee en la minuta.
Además, se acordó que la representación sindical solicita al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que revise la procedencia del pago de salarios devengados no cubiertos al 10 de octubre del 2009.
Y que se habilite un mecanismo para atender reclamaciones individuales de prestaciones devengadas al 10 de octubre y que no hubieren sido previamente pagadas, tales como tiempo extra, diferencias de salario, etcétera.
En el encuentro en Bucareli estuvieron el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Roberto Gil; el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro; y la representación del SME, encabezada por Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla Zarza.
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Mauricio Rubí / El Economista
