La salud del presidente de la República es un asunto de seguridad nacional. Sus decisiones afectan, para bien o para mal, la vida de los mexicanos, y determinan las relaciones políticas, económicas y sociales con otros países. Por ello, el gabinete de seguridad nacional debe preocuparse y ocuparse de lo ocurrido hace unos días a su jefe Felipe Calderón, quien, ante un clima de terror y presión por la amenaza del narcotráfico, ha llegado a un punto mental de negar dichos y hechos que antes repetía con insistencia.
Hace dos semanas, Calderón afirmó, en un diálogo con organizaciones civiles, que nunca había calificado como una “guerra” el combate que el gobierno federal sostiene en contra de la delincuencia organizada. De inmediato, los medios de comunicación desmintieron al presidente y exhibieron –con grabaciones de imagen y voz– cómo desde que llegó a Los Pinos ha repetido una y otra vez que se trata de una “guerra” (sic) del Estado en contra de los cárteles de la droga.
Esta contradicción en el pensamiento del mandatario mexicano no es cosa menor y debe ser analizada por un cuerpo médico de especialistas, quienes deben determinar su estado de salud física y mental para que el Congreso considere si el jefe del Ejecutivo está en condiciones de gobernar. Sobre todo porque el tema de la delincuencia organizada y la violencia que asola el país –con un saldo de más de 34 mil ejecutados en sus cuatro años de gobierno, de los cuales más de 15 mil fueron asesinados en 2010– lo ha sometido a duras críticas y presiones.
