La embestida en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas continúa. El gobierno federal ha utilizado de la forma más agresiva y déspota todos los medios a su alcance para acabar con la resistencia de los electricistas, evitando el diálogo e ignorando cualquier propuesta de solución al conflicto que el mismo gobierno desató.
Un decreto inconstitucional que dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores, la ilegal toma por la fuerza de las instalaciones de la empresa con la policía federal, el continuo linchamiento mediático en contra del sindicato y sus dirigentes, el acoso a los trabajadores electricistas boletinados para impedir su derecho al trabajo, la confiscación de las cuentas del sindicato y la privación de libertad a 13 miembros del gremio, entre otras agresiones, parece no ser suficiente para el gobierno, quizá porque ni con todo esto ha logrado doblegar a los compañeros electricistas en su justa y digna lucha. Es por ello que ahora gira absurdas órdenes de aprehensión en contra del compañero Martín Esparza Flores, Secretario General; de Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario de Trabajo, y de la apoderada legal, Amalia Vargas Ríos, buscando con esto que no se les reconozca jurídicamente como líderes y así descabezar el movimiento.
Un decreto inconstitucional que dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores, la ilegal toma por la fuerza de las instalaciones de la empresa con la policía federal, el continuo linchamiento mediático en contra del sindicato y sus dirigentes, el acoso a los trabajadores electricistas boletinados para impedir su derecho al trabajo, la confiscación de las cuentas del sindicato y la privación de libertad a 13 miembros del gremio, entre otras agresiones, parece no ser suficiente para el gobierno, quizá porque ni con todo esto ha logrado doblegar a los compañeros electricistas en su justa y digna lucha. Es por ello que ahora gira absurdas órdenes de aprehensión en contra del compañero Martín Esparza Flores, Secretario General; de Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario de Trabajo, y de la apoderada legal, Amalia Vargas Ríos, buscando con esto que no se les reconozca jurídicamente como líderes y así descabezar el movimiento.
