Cada vez que hay alguna movilización social masiva, conocidas como megamarchas, reaparece en muchas mesas y sobremesas el debate sobre la regulación de las marchas y de las manifestaciones públicas.
Este debate está en vigencia desde hace años y notoriamente desde mediados de los noventa, en particular con la llegada del PRD a la jefatura de gobierno de la ciudad y la crisis natural que conlleva administrar la movilización social. Y no ha encontrado una solución funcional y sustantiva aún.
Y si normalmente es tema, en tiempos electorales es obligado. Es que es entendible que la ciudadanía busque voces que ofrezcan soluciones y que los políticos quieran ser quienes den luz sobre el asunto.
Lo primero que vale la pena decir es que, contrario a la posición tradicional de la izquierda, estar a favor de la regulación de las marchas no es, bajo ningún término, ser un derechoso que fomenta la violencia urbana o de Estado. Los radicales gustan de extremar posturas y la idea libertina de la manifestación y el bloqueo les parece correcta y gustan de señalar al que diga que se deben regular como autoritario.
La verdad de las cosas es que cualquier ideología medianamente sensata entiende que los derechos de tránsito y las condiciones de vida cotidiana se deben respetar para todos los individuos, y que esta ciudad, con unos pocos cierres, se vuelve caótica.
