Autor: Ana Lilia Pérez
En enero, el director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando Bueno, hizo público que habían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras detectar reclamos de indemnizaciones “indebidas” de ciudadanos en Sinaloa, que “en forma fraudulenta y utilizando maquinaciones, hacen cosas para hacer un cobro indebido”, declaró el funcionario al periódico Reforma. Y que dichos juicios, con el “presunto apoyo de autoridades judiciales, han derivado en pagos millonarios”.
En el umbral de la entrega-recepción de la administración de Alfredo Elías Ayub a Antonio Vivanco Casamadrid, la CFE quiso adelantarse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que unas semanas después hizo público el resultado de sus auditorías a algunos de los litigios pagados por la CFE, en las cuales descubrió la implicación de funcionarios de la Comisión en los irregulares litigios, por lo que, inclusive, pidió la intervención del Órgano Interno de Control.
La ASF considera que en los juicios sumarios civiles promovidos por particulares en Sinaloa, el área jurídica incurrió en omisiones de defensa evidentes y elementales, como el no contestar la demanda, no acudir a las audiencias o litigar en juzgados que no correspondían, como si la pretensión fuera que la CFE pagara las millonarias “indemnizaciones”, cuyos montos –que van de los 5 millones de pesos y hasta más de 208 en un solo litigio– tampoco fueron objetados.
Lo que ocurrió en la Oficina del Abogado General (OAG) en la administración de Alfredo Elías Ayub, en la CFE, es similar a lo que pasó con el jurídico de Petróleos Mexicanos bajo el mando de José César Nava Vázquez: litigios convertidos en negocio frente a una fallida defensa más enfocada en favorecer a terceros que en defender el patrimonio de la paraestatal.
