Aracely Santos López, esposa de Miguel Márquez Ríos, prosecretario de División del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusó que la denuncia interpuesta por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los dos elementos de la Policía Federal (PF) en contra de su marido “está detenida”, pues no existen pruebas firmes para continuar con su arresto en el Centro de Rehabilitación Social de Puebla.
Ante ello, solicitó a los representantes del Poder Judicial de la Federación en Puebla “liberar a Márquez Ríos”, ya que la parte acusadora no se ha presentado ante los juzgados civiles a ratificar la denuncia. De acuerdo con Santos, la sentencia final tendrá que emitirse a finales de marzo.
“El proceso va muy lento; todo parece indicar que lo único que quiere este gobierno es mantenerlo en la prisión, retenerlo, pero no lo van a lograr. Hasta ahora no tienen pruebas en la Comisión Federal de Electricidad ni en Correos de México, porque él es inocente”, acotó Santos López.
La esposa de Márquez explicó que los trabajadores de la CFE involucrados en la denuncia, adscritos a la delegación de Campeche, no se han presentado. El mismo caso sucede con los dos policías federales que presuntamente fueron privados de su libertad el pasado 26 de agosto, cuando los electricistas –encabezados por Miguel Márquez Ríos– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa para retener las boletas de pago de luz.
“Lo que no entendemos es por qué sigue encerrado a mi esposo, si hasta la fecha no hay nadie que lo acuse de frente. La única explicación que tenemos es que un preso político más de este gobierno fascista. El juicio está parado y se tendrá que resolver, porque estamos recurriendo a todas las vías legales para su liberación”, abundó en entrevista.
Miguel Márquez Ríos, prosecretario de División del Comité Ejecutivo Nacional del SME, fue detenido el 21 de octubre de 2010 con lujo de violencia por elementos de la Policía Federal, luego de participar en un protesta frente al Congreso local para exigir a los legisladores la creación de una nueva empresa para dar empleo a los más de 16 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Márquez –quien enfrenta los presuntos delitos de obstrucción de vías federales de comunicación y de privación de la libertad personal– impulsa desde la región de Nuevo Necaxa un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de LFC.
Ante ello, solicitó a los representantes del Poder Judicial de la Federación en Puebla “liberar a Márquez Ríos”, ya que la parte acusadora no se ha presentado ante los juzgados civiles a ratificar la denuncia. De acuerdo con Santos, la sentencia final tendrá que emitirse a finales de marzo.
“El proceso va muy lento; todo parece indicar que lo único que quiere este gobierno es mantenerlo en la prisión, retenerlo, pero no lo van a lograr. Hasta ahora no tienen pruebas en la Comisión Federal de Electricidad ni en Correos de México, porque él es inocente”, acotó Santos López.
La esposa de Márquez explicó que los trabajadores de la CFE involucrados en la denuncia, adscritos a la delegación de Campeche, no se han presentado. El mismo caso sucede con los dos policías federales que presuntamente fueron privados de su libertad el pasado 26 de agosto, cuando los electricistas –encabezados por Miguel Márquez Ríos– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa para retener las boletas de pago de luz.
“Lo que no entendemos es por qué sigue encerrado a mi esposo, si hasta la fecha no hay nadie que lo acuse de frente. La única explicación que tenemos es que un preso político más de este gobierno fascista. El juicio está parado y se tendrá que resolver, porque estamos recurriendo a todas las vías legales para su liberación”, abundó en entrevista.
Miguel Márquez Ríos, prosecretario de División del Comité Ejecutivo Nacional del SME, fue detenido el 21 de octubre de 2010 con lujo de violencia por elementos de la Policía Federal, luego de participar en un protesta frente al Congreso local para exigir a los legisladores la creación de una nueva empresa para dar empleo a los más de 16 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Márquez –quien enfrenta los presuntos delitos de obstrucción de vías federales de comunicación y de privación de la libertad personal– impulsa desde la región de Nuevo Necaxa un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de LFC.
