Martin Esparza
La aprobación en la Cámara de Senadores de las reformas a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental produjo una escena que ni mandada a hacer para plasmarse en un cuadro surrealista. A favor de transparentar los gastos en los tres órdenes de gobierno se manifestaron personajes como el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ahora miembro del Senado y principal encubridor de la corrupción oficial del sexenio, de la cual fue partícipe su propia esposa.
En su inviable calidad de “iniciativa preferente”, la propuesta de Felipe Calderón resultó una cómica expiación de culpas de última hora, algo así como el regreso del transgresor a la escena del crimen, suplicando, entre lloriqueos, el perdón de su víctima. Los latrocinios y delitos cometidos en menoscabo de los recursos públicos ya no podrán ser resarcidos con la mascarada legislativa de Calderón a la que, erróneamente, como sucedió en la Cámara de Diputados con la reforma laboral, se sumaron los senadores priístas y sus comparsas del Partido Verde Ecologista de México.
Al cuarto para las doce, el hombre que prometió como candidato presidencial un gobierno de manos limpias, y que se la pasó violentando el estado de derecho, clama a la República castigos ejemplares a los corruptos que atentan contra las arcas públicas, y trata de ocultar sus manos sucias y manchadas de complicidad al permitir que en sus narices se realizaran innumerables negocios ilícitos por parte de sus allegados y familiares.
De acuerdo con los cambios aprobados en el Senado, los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de subir a internet, de manera trimestral, sus estados financieros. Ello con el fin de que todos los ciudadanos accedan a esa información, con lo que las entidades, dependencias y demás órganos de gobierno ya no podrán invocar el secreto bancario para ocultar el manejo de sus recursos.