A pesar de que en la fase previa, es decir al arribo al poder del presidente Felipe Calderón, se pagaron a costo millonario estudios para diseñar estrategias en la antesala y etapa posterior al golpe, éstas fueron soslayadas olímpicamente a la hora de la verdad.
De tal magnitud fue la improvisación, que un año después aún no se concluyen los inventarios de los activos que tenía la paraestatal guillotinada, en un escenario en que todavía se debate en los tribunales si es válida la figura de patrón sustituto por parte de la CFE.
Lanzada toda la furia sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas, cancelando de golpe el Contrato Colectivo de Trabajo y lanzados a la calle 44 mil trabajadores, nadie calculó la capacidad de resistencia de éste; el peso electoral del golpe autoritario; el alerta que encendió la radicalización de otros organismos de representación laboral, y la triste imagen de un gobierno antiobrero.
Hasta hoy son 16 mil trabajadores los que no han cobrado su liquidación, a contrapelo de los “premios” ofrecidos por el Gobierno.
Y aunque en el papel la CFE realiza las mismas funciones con 9 mil trabajadores, es decir 35 mil menos, no se toman en cuenta los miles que trabajan para las firmas privadas que ofrecen el servicio sin prestaciones, a contrapelo del mandato constitucional que le otorga el monopolio al Estado.
Tampoco, naturalmente, se evalúa la calidad de éste, en un marco en que el periodo de adaptación provocó apagones de una semana, para llegar actualmente a promedios de ocho horas.
