Los torcidos argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
Martín Esparza Flores | Revista Siempre No. 3143
Uno de los casos analizados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, en su Audiencia temática sobre la devastación ambiental y derechos de los pueblos, y que está llamando poderosamente la atención de la opinión pública internacional, es la lucha que libran en contra de la destrucción del patrimonio arqueológico de Tlaxomolco, Morelos, los comuneros, campesinos y ciudadanos agrupados en los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán.
En un ilegal contubernio gestado desde 2011 por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y representantes de la firma constructora Tradeco, las autoridades del Tribunal Unitario Agrario (TUA) dieron como válida la asamblea celebrada en septiembre de ese año en la que únicamente 23 de los 150 comuneros ahora afectados dieron su aval para la venta de sus tierras al proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera La Pera-Cuautla. Hace apenas unas semanas, el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió que de su parte existiera un permiso para la realización de la obra, y, menos todavía, la petición de un programa de salvamento arqueológico, lo que vino a constatar la irregularidad en que se otorgó la misma.
En uno de sus comunicados difundidos por el TPP, los integrantes de los Frentes Unidos han señalado: “Alertamos de manera urgente que la zona arqueológica de Tlaxomolco, en Tepoztlán, está a punto de ser destruida por las máquinas que la empresa Tradeco utiliza para devastar ilegalmente nuestro territorio sagrado.
Permitir esta destrucción de nuestro patrimonio arqueológico sería un crimen contra nuestras raíces y cultura milenaria”. La lucha que mantienen los comuneros de esta región de Morelos es también por la preservación de su entorno ecológico
