Las instituciones electorales en México están hoy más que nunca en la mira ciudadana. La pasividad con que tomaron los constantes reportes y denuncias de delitos electorales por parte de la sociedad civil y las denuncias de los partidos políticos por el rebase de los topes electorales durante la campaña presidencial de 90 días, es una bola de nieve que se está convirtiendo en avalancha debido a su postura de dejar hacer y dejar pasar.
Los propios observadores nacionales e internacionales, que se registraron legalmente en el IFE, han denunciado en sus reportes sobre la elección presidencial del 1 de julio el uso y abuso del acarreo, la compra de votos por diversas vías, las amenazas y hasta la utilización de niños [los llamados “halconcitos”] por parte de la coalición PRI-PVEM para obligar a los ciudadanos a votar por su candidato. Además, las denuncias de ciudadanos de todo el país y movimientos de la sociedad civil, como es el caso de las que ayer entregó el #YoSoy132, también están debidamente documentadas. Todo está registrado y a estas alturas hay miles y miles de pruebas sobre la mesa.
